Solicitan suspensión provisional del alcalde William Dau

El director de la Veeduría Popular Por Cartagena Héctor Pérez, envió una misiva a los órganos de control, solicitando la suspensión provisional del alcalde William Dau Chamat.

Pérez asegura que inicia la acción «a sabiendas que reiteradamente se viene presentando sobrecostos y otras irregularidades en varios contratos Covid-19 en la Alcaldía de Cartagena».

Y cita puntualmente el caso del Contrato de Compraventa No. 8 del 8 de abril de 2020 publicado en el SECOP extemporaneamente el día 16 de abril de 2020. Con el cual se efectuó la compra de pruebas rápidas para diagnóstico y contención del Covid – 19, que fue firmado con la empresa Distribución y Marketing LTDA, una firma barranquillera que distribuye raticidas, por 725 millones de pesos, el veedor pone como evidencia las revelaciones que al respecto de este tema hizo Otra Visión ‘Horrorosos’ sobrecostos en pruebas rápidas de Covid – 19 serían de 300 millones, evidenciarían chats otras publicaciones hechas en otros medios de comunicación, en las que expertos en el tema denuncian los mismos hechos y, los estudios y análisis de Funcicar que entregan evidencias de las presuntas irregularidades en el mencionado caso.

Héctor Perez, veedor que solicita la suspensión provisional de Dau mientras cursan las investigaciones, como ya ocurre en otras ciudades del país.

Del mismo modo Héctor Pérez hace referencia al contrato No. 7 del 8 de abril también publicado en secop el día 16 de ese mismo mes, firmado con la misma empresa Distribución y Marketing LTDA, por valor de más de 1.200 millones de pesos que corresponde a la compra de insumos médicos, el cual se hizo famoso por el precio de 49 mil pesos el litro de gel antibacterial, y 19.150 pesos las mascarillas N95. Al respecto, también es citado dentro de las evidencias la investigación realizada por Otra Visión William Dau sigue de escándalo en escándalo de dinero, otra vez por sobrecostos en cotratación además de publicaciones de otros medios de comunicación donde fue denunciada la situación. La solicitud adjunta todo lo relacionado con la contratación de la App Cuidemonos que hizo el alcalde Dau con una empresa española, la cual incluso es cuestionada por la Procuraduría porque el Minsalud ya tenía disponible desde mucho antes una aplicación móvil que realiza las mismas funciones Denuncian doble contratación y duplicidad de funciones en la alcaldía con la App del Coronavirus.

Por último, el veedor se refiere al contrato de suministro de alimentos firmado con la Papelería Veneplast, citando los estudios previos en sus páginas 18 y 20, donde establecen que «las empresas Megatienda, SAO Olímpica, Ara y Éxito como las empresas con la capacidad, experiencias e idoneidad suficiente para proveer las cantidades a comprar«, por lo que relaciona un estudio de precios que hicieron algunas veedurías, además la columna de opinión en la que el director de Otra Visión hace un análisis de la situación William “Barrabás” Dau y el contrato con Veneplast.

Al alcalde ya le han abierto varias investigaciones por los casos mencionados y cada día acumula más denuncias por esos y otros hechos.

Héctor Pérez Fernández sustenta la solicitud en el artículo 157 de la ley 734 de 2002 que establece que «Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere”.

Y en el numeral 8 del artículo 268 de la misma norma que establece «El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones… 8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”.

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